T RANVÍA C RUCIS
La penitencia del ciudadano en diez paradas


La Pelea
La historia del Tranvía de Jaén, concebido en 2007 y ejecutado en un tiempo récord de dos años –entre la primavera de 2009 y 2011-, es la historia de un desencuentro entre dos administraciones gobernadas por los dos partidos mayoritarios, la Junta de Andalucía, por PSOE en coalición con IU, y el Ayuntamiento de Jaén, por el PP. Un convenio firmado por ambas partes en diciembre de 2008 establece que la comunidad autónoma asume íntegramente el coste de construcción de esta infraestructura, mientras que el mantenimiento, las instalaciones, el material móvil y la explotación –incluida la adquisición de cinco trenes- correspondían a la ciudad. Este acuerdo se tomó, entonces, con los astros alineados en la misma dirección, el PSOE e IU sumaban mayoría en la corporación y también el PSOE ostentaba la ‘vara de mando’ en Andalucía. Pero este equilibrio de fuerzas políticas se rompió en las municipales de mayo de 2011, cuando el PP arrasó en Jaén y se hizo con el consistorio. Fue entonces, en plena campaña, cuando el actual alcalde ‘popular’, José Enrique Fernández de Moya, pronunció aquella frase lapidaria “yo jamás me montaré en el Tranvía de Jaén”.

Y si estaba todo ‘atado y bien atado’, ¿por qué no se ha puesto en marcha? La Junta asegura que, en virtud de lo pactado, el Ayuntamiento hizo suyo el Tranvía (lo recepcionó) en abril de 2011. Y el Ayuntamiento, por su parte, lo niega esgrimiendo que este traspaso requería el visto bueno de los técnicos y una relación de deficiencias cuyo arreglo era responsabilidad de la Junta. Algo que, en teoría, no se produjo. Pero el argumentario trasciende al supuesto incumplimiento de lo convenido. Según el Ayuntamiento, los ingresos que generaría este nuevo medio de transporte, con la hipótesis del precio del billete a un euro, apenas llegarían a 1,3 millones de euros anuales con una estimación de 1,3 millones de viajeros. La Junta calcula, sin embargo, que se computarían 3 millones de usuarios al año. Muy lejos, tanto en un caso como en el otro, de los 5 millones que costaría su funcionamiento (3,3 millones de gastos más 1,7 durante 17 años por la amortización a la Junta de los 5 vagones). Por eso reclama que la Junta, que tiene competencias ferroviarias, se implique económicamente, aunque ésta se niega alegando que todo está escrito.

Un tira y afloja, con acusaciones de falta de colaboración y deslealtad institucional y con intentos municipales de que la gestión del servicio fuera asumida por una empresa privada, que ha llevado el asunto a un callejón sin salida, ante la decepción generalizada de los ciudadanos, que asisten impotentes al deterioro de una inversión que costó 120 millones de euros, que ha condicionado totalmente la movilidad urbana y que ha transformado la ciudad. El último episodio, por ahora, de esta confrontación ocurrió el 26 de julio de 2013, cuando Fernández de Moya, acompañado por varios concejales del equipo de gobierno, entregó la siete llaves del tranvía en la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, en el sevillano Palacio de San Telmo, afirmando que con un Ayuntamiento “quebrado y arruinado” su prioridad es “pagar las nóminas, la luz y ayudar a la gente más necesitada”. Algo que, según dijo, no podría hacer se pusiera en marcha un “capricho” que durante años alimentaron “socialistas y comunistas”. La Consejería de Fomento tilda este gesto de simbólico, ya que esta decisión no se puede adoptar de forma unilateral, sino mediante un proceso administrativo o contencioso-administrativo que está estipulado en el propio convenio.


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